¿Cuándo se rechaza un derecho de petición?

El Derecho de Petición es una garantía jurídica que ampara a los ciudadanos, principalmente en las sociedades democráticas. Por este motivo, es habitual que los gobiernos o entidades estatales rechacen una petición realizada por los ciudadanos. Este artículo explica las implicaciones de una Petición de Rechazo y cómo proceder en tal situación.

El Derecho de Petición está enmarcado en la Constitución Colombiana de 1991. Este artículo establece un proceso legal para que los ciudadanos recurran a las entidades públicas y soliciten soluciones a sus demandas. Es comúnmente utilizado en casos en los que los ciudadanos sienten que sus derechos han sido violados y necesitan una respuesta por parte del gobierno.

Sin embargo, este derecho no es absoluto. El artículo 33 de la Ley 1755 de 2015 establece que la solicitud de un ciudadano puede ser denegada si se considera inadecuada o incompatible con el ejercicio de apoyo al interés público.

Tipos de rechazo

Cuando se solicita un derecho, pueden darse tres tipos principales de rechazo: 1) La petición es rechazada por un funcionario público, 2) la petición es ignorada por las autoridades y 3) la petición es rechazada por los tribunales.

Rechazo por un Funcionario Público

El artículo 31 de la Ley 1755 de 2015 establece que si un funcionario público no atiende una petición o no se ciñe a sus términos, se considera una violación y puede incurrir en ciertas sanciones.

Por otro lado, si se trata de una entidad privada, el incumplimiento de las obligaciones alcanzadas por un mutuo acuerdo puede constituir un incumplimiento contractual, dependiendo de los términos del acuerdo y del tipo de petición.

Petición Respetuosa

El artículo 23 de la Constitución colombiana consagra el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades con fines de interés general o con el propósito de obtener información.

Además, el inciso segundo del artículo 9 de la misma ley establece que una petición o protesta que no contenga insultos ni haga uso de violencia o amenazas, no será considerada ilegal y una reunión o asamblea no podrá ser disuelta por ello.

Contestación negativa de una autoridad

Suele argumentarse que no es necesario que la petición sea clara para que las autoridades o el funcionario público la contesten, pero esto puede significar que la autoridad exija una aclaración de la petición o identifique la demanda concreta formulada.

Además, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que regula el Derecho de Petición, estipula un plazo para la respuesta: 15 días hábiles para quejas y reclamaciones, 10 días hábiles para solicitudes de información y 30 días hábiles para preguntas.

Qué hacer cuando se rechaza el Derecho de Petición

Cuando se rechaza un Derecho de Petición, el ciudadano puede interponer una acción de tutela ante el órgano jurisdiccional competente con el fin de proteger sus derechos o los de otros. Es importante señalar que si la tutela se interpone contra una entidad privada, el Derecho de Petición sólo estará amparado por la ley si el Legislador promulga una norma específica para el caso concreto.

No obstante, el Derecho de Petición también puede ser utilizado para diferentes fines, tal y como lo establece el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015. Por ejemplo, para solicitar el reconocimiento de un derecho, intervenir en un asunto particular de una autoridad, entidad privada o funcionario público; solicitar la resolución de una situación jurídica; o solicitar un servicio particular.

Dar formato a una Petición de Derecho

Al dar formato a una Petición de Derecho, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. El título debe estar centrado y decir "Derecho de petición".
2. La ciudad y la fecha deben ir a continuación del título.
3. A continuación debe figurar el nombre de la autoridad o del funcionario público.
4. Por último, debe escribirse la petición o asunto.

Por tanto, el Derecho de Petición es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos obtener una respuesta o solución a sus demandas. Del mismo modo, también proporciona a los ciudadanos un derecho de acción si su petición no es atendida. Es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y los procedimientos legales correspondientes.